El Convenio No. 183, sobre
Protección de la Maternidad 2000, adoptado por la Organización Internacional
del Trabajo (OIT)[1]
establece en su artículo 4, numeral 1) que toda mujer a la que aplique la
citada norma tendrá derecho, mediante presentación de un certificado médico,
según la legislación y la práctica nacional, a una licencia de maternidad cuya
duración sea de al menos catorce (14) semanas.
El 6 de julio de 2014 el presidente
de la República promulgó la Resolución No. 211-14 que aprueba el referido
Convenio, luego de que se agotara el trámite constitucional establecido para
ese tipo de acuerdos: el control preventivo de constitucionalidad[2] y
la correspondiente aprobación del Congreso Nacional[3], con lo cual el Estado dominicano se compromete a un aumento mínimo de dos (2)
semanas más a la licencia de doce (12) semanas que plantea nuestra legislación.
Si tomamos en consideración que
la publicación de este acto oficial implica la incorporación de la referida
norma a nuestro ámbito interno[4] y
que el artículo 15, numeral 3) del referido Convenio No. 183 establece que la entrada
en vigor para cada Miembro será doce (12) meses después de la fecha en que se
registre su ratificación podríamos inferir que ya están dadas efectivamente las
condiciones para ejecutar la medida. No obstante, falta la declaración del
Estado y el registro de la ratificación[5] para
que inicie a correr el plazo que plantea dicha disposición, tiempo durante el cual
también se podría actualizar y adecuar la legislación laboral.
El propio instrumento plantea en
el artículo 4, numeral 2) que todo Miembro deberá anexar una declaración a la
ratificación en la que se indique la duración de la licencia antes mencionada.
Cuestión que pudo ser requerida cuando se hizo el control preventivo o
solicitada al Poder Ejecutivo por las comisiones que estudiaron la pieza en
ambas cámaras legislativas.
¿Por qué es imprescindible esa
declaración? Por un lado, es necesaria debido a que ella debe reflejar el
acuerdo entre todas las partes que serán impactadas con el cambio, desde el
empleador y la seguridad social, hasta el personal de salud. Esto porque, como el mismo
convenio plantea un mínimo, se podría lograr un acuerdo de más tiempo, por
ejemplo, quince (15) semanas para ser conservadora. Asimismo, en esta
declaración debe quedar establecida el grupo de trabajadoras al que le aplica
el aumento, cuáles quedarían excluidas y las razones de dicha salvedad.
El registro de la
ratificación se precisa porque es la forma en que el organismo internacional,
en este caso la OIT, tiene conocimiento de que nuestro país ha aprobado la
pieza en el ámbito nacional y así mantener al tanto del asunto a los demás
estados partes. En este caso adquiere mayor importancia agotar este paso, pues
el propio texto del convenio condiciona su entrada en vigencia a 12 meses
después del registro de la ratificación.
Ahora hay incertidumbre y
confusión de parte de las madres que desean beneficiarse de la disposición y no
encuentran a quien acudir. No se ha sensibilizado a todo el personal de salud, no
se le ha dado promoción en general y quedan algunas interrogantes: ¿Por qué no
se ha hecho la declaración? ¿A quién corresponde elaborarla? ¿Quiere algún
sector empresarial retrasar lo que a la larga es inevitable? ¿Cuándo se va a
notificar la aprobación del Convenio al Director de la OIT?
Como sociedad debemos luchar
para que este derecho pueda ser efectivo, es buena señal que desde ya algunas
entidades estén asumiendo lo ineludible: reciben y aceptan la licencia de 98
días (que equivale al nuevo mínimo obligatorio de 14 semanas) indicada por
algunos profesionales de salud del área obstétrica.
Todos ganamos cuando se
promueven los derechos de las trabajadoras, pues además de garantizar un clima
de igualdad laboral, se hacen más compatibles aun los roles de madre y trabajadora
y, en este caso particular, se respaldan los derechos básicos de los seres
humanos en una etapa muy vulnerable como es su primerísima infancia (de
atención, alimentación y afecto con su principal figura de apego) y se apoya la
familia como núcleo esencial de todo grupo social.
[1] En
lo adelante OIT
[2]
Cfr. Sentencia No.138, del 21 de
diciembre de 2011, dictada por la Suprema Corte de Justicia, en funciones de
Tribunal Constitucional.
[3]
Cfr. Artículo 93, numeral 1), literal
l) de la Constitución: “Aprobar o
desaprobar los tratados y convenciones
internacionales que suscriba el Poder ejecutivo”.
[4]
Cfr. Artículo 26 de la Constitución
[5]
En la página Web de la OIT aparecemos dentro del listado de países que no han
ratificado: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11300:2624462282918609::::P11300_INSTRUMENT_SORT:3
(consultada el 6 de octubre de 2015).
