A pesar de lo que muchos pudieran considerar, por la costumbre que se estila en República Dominicana, todas las carreras con títulos universitarios, sin excepción, requieren de una acreditación para el ejercicio profesional, de conformidad con el contenido de la ley No.111, sobre Exequátur de Profesionales, de fecha 3 de noviembre de 1942, modificada por la ley No.1288, de fecha 23 de noviembre de 1946; por la ley No.3674, de fecha 9 de noviembre de 1953; por la ley No.3985, de fecha 19 de noviembre de 1954; y por la ley No.5608, de fecha 23 de agosto de 1961.
Los artículos 1 y 2.d) de la citada Ley No.111, indican que todos los profesionales con títulos universitarios necesitan de un exequátur para ejercer en el país y la lista que incluye no es limitativa, remite al hoy Ministerio de Educación el trámite de solicitud de exequátur de todas las otras profesiones que no están enunciadas en ésta.
La referida legislación faculta al Poder Ejecutivo en la persona del Presidente de la República para otorgar, mediante decreto, los exequátur de profesionales. Sin embargo, se trata de un proceso burocrático[1] un tanto tedioso para aquellos que lo llevan a cabo, y que necesita cambios que lo conviertan en un trámite eficiente.
En primer lugar y tomando en cuenta la gran cantidad de atribuciones que tiene el Presidente de la República, es viable delegar la refrenda de los documentos necesarios para el ejercicio profesional de las diferentes áreas al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, porque entendemos que es la entidad más idónea para certificar los títulos universitarios y apta para avalar las actuaciones profesionales, con la colaboración de los diferentes Ministerios o gremios afines a la profesión.
Si se da el escenario anterior, la presidencia de la República y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo se estarían descongestionando y despojando de uno de los diversos trámites que tienen a su cargo.
Además, no está dentro del alcance y las posibilidades del Presidente dar fe de las capacidades profesionales de los titulados universitarios, y se parte de la premisa de que se otorga licencia para ejercer a aquellos profesionales que han superado satisfactoriamente los programas de universidades reconocidas por el órgano rector y que cuentan con el título de lugar.
Por otra parte, proponemos un cambio de tipo y de nombre al documento que se emite. Por lo regular, el exequátur es la autorización que emite la Presidencia de un Estado a los funcionarios extranjeros para que puedan ejercer sus cargos en el territorio de éste.
Revisamos que en los países de Latinoamérica no se emplea la figura del exequátur para acreditar los títulos de las principales profesiones y no está dentro de las atribuciones de los Presidentes de Estado.
Para citar dos ejemplos, en Colombia se emiten las ‘tarjetas profesionales’ a través de los diferentes Consejos Profesionales, mientras que en México se otorga una ‘cédula profesional’, por parte de la Dirección General de Profesiones, dependencia de la Secretaría de Educación Pública. Por lo que, en nuestro país, la documentación emitida por la administración pública que avale a los profesionales en su ejercicio podría llamarse ‘tarjeta profesional’.
Todas las carreras con títulos universitarios necesitan de una acreditación para ejercer en el país, tal y como lo establece la normativa actual, a pesar de que hasta el día de hoy no se ha ejecutado de la manera correcta por los órganos correspondientes, debido, en gran medida, al poco poder sancionador que ésta incluye y a la falta de voluntad política.
El último punto que se debe reforzar, es que se establezcan sanciones efectivas que puedan ser aplicadas a todos aquellos que se inserten en el mercado laboral o al ejercicio liberal sin la autorización requerida.
Con las indicaciones anteriores se podría lograr un proceso corto y más económico para el usuario y puede lograrse con mayor facilidad el objetivo perseguido por la administración pública de que se ejerzan las diferentes profesiones apegadas a la norma.
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